El megafraude a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) sumaría en los próximos días nuevos imputados en la compleja causa, que investiga a una banda que por un lado creaba empresas fantasmas para emitir facturas truchas y de esa manera evitar el pago del IVA por parte de grandes contribuyentes de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Córdoba.

Por otra parte, la banda que tendría como cerebro al contador Gustavo Coronel Medina, también g eneraba un millonario perjuicio al Estado ya que cobraba un porcentaje para borrar cuantiosas deudas de empresas.

El monto del perjuicio ascendería hasta el momento a $800 millones, cifra que podría duplicarse.

Ayer fue la primera jornada de un sorpresivo allanamiento de la Policía Federal en las oficinas de la Afip (hubo otro en septiembre de 2021), que proseguirá hoy a la mañana, coordinado por el titular de la Fiscalía Federal Nº 1 Pedro Simón.

La investigación se inició en diciembre del año 2019.

La entonces jefa interina de la Sección Penal Tributario de la Afip, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía de las Mercedes Trabadelo, denunció la existencia de una organización criminal que, a través de la emisión de comprobantes apócrifos, habrían evadido cerca de $ 800 millones en concepto de saldo a ingresar de IVA e Impuesto a las Ganancias.

La Fiscalía imputó a 14 usinas apoc (tal la denominación para las facturas apócrifas) y a 22 contribuyentes socios de las empresas, junto al contador jefe de la organización y su entorno. Dentro de ese proceso, la Afip fue allanada ayer.

La medida continuará hoy en virtud a la ampliación de información. Según fuentes judiciales, se habría establecido ayer que la Afip no solo habría ocultado información, que contaría en su sistema informático, sino también que las maniobras aludidas en las conversaciones de dos imputadas (empleadas) con el presunto cerebro, estarían en sintonía con las maniobras en la red. También los funcionarios habrían acreditado ayer la intervención de otra empleada en las “operatorias”.

Es más, al cierre las sospechas se extendían a otros agentes de la agencia en la Afip, “ya identificados y que intervinieron en la maniobra”, deslizó. Por decantación, es casi seguro que en los días venideros nuevos empleados de la Afip sean imputados por la Justicia Federal e indagados, ante fuer tes sospechas de conformar también el inmenso andamiaje ilegal que habría causado estragos a las arcas del Estado.

Por otra parte, vale contextualizar que con el allanamiento los funcionarios Federales también buscaban información sobre las maniobras de “descuento”, o bien “eliminación” de deudas millonarias de grandes contribuyentes como empresas de construcción.

Otro cometido era develar el trasfondo sobre emisiones de un certificado que los habilitaba a participar de licitaciones públicas, previo desembolso de un 15% del total del monto de la deuda “borrada” del sistema de la Afip, aún careciéndose de las autorizaciones de los jefes de sección.

Un caso testigo, fue el de una gran empresa constructora de Santiago del Estero que logró que le rebajaran una deuda de $800 millones para poder obtener un certificado con el cual pudo participar de licitaciones públicas.

En reiteradas oportunidades, el juez Federal, Sebastián Argibay, solicitó información a la Afip y después también partieron intimaciones a la jefa de sección Legales de la Afip Tucumán, sobre la base de la presunta falta de colaboración.