En las más de las 35 mil fojas de transcripciones de desgrabraciones de escuchas y de mensajes de texto del teléfono celular del contador Coronel Medina, considerado el cerebro de la banda que causó un perjuicio a la Afip en al menos 1.000 millones, se descubrió que había una tarifa fija por prestar servicios ilegales a evasores.

Así lo reveló el fiscal federal de Instrucción N° 1, Pedro Simón, en una entrevista exclusiva. El funcionario judicial brindó detalles de la investigación del megafraude al fisco nacional de parte de una banda que tenía como presunto líder al contador Gustavo Coronel Medina.

Como se recordará, la causa se inició en diciembre de 2019, cuando la ex jefa interina de la Sección Penal Tributario de la Afip, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía Trabadelo, denunció la existencia de una organización criminal que, emitiendo comprobantes apócrifos a través de empresas de fantasía o fantasmas, habría evadido hasta $800 millones en concepto de saldo a ingresar de IVA.

Tras una larga investigación, el juez federal N° 2, Sebastián Argibay procesó al contador y a una veintena de personas fueron procesadas por haber montado estas empresas fantasmas que generaron una usina de facturas truchas que vendían a grandes contribuyentes, entre ellos empresas como constructoras de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Córdoba. A través de esta maniobra, se podía “descargar” el IVA, y se reducía notoriamente el monto que tenían que pagar los usuarios o contribuyentes al fisco por este impuesto.

Hay unos 120 contribuyentes detectados, que utilizaron estas facturas truchas para evadir. El fiscal Simón con la intervención del Secretario de la Fiscalía experto en derecho penal tributario y aduanero, Pedro Basbús Turk, analizaron 45 de estos casos. Así se determinó que grandes empresas, muchas constructoras, contrataron estos servicios clandestinos de la banda que tenía eslabones dentro de la misma Afip, que hacían “la vista gorda” para que estas firmas fantasmas que organizaba Coronel Medina, pudieran seguir emitiendo facturas sin la intervención del organismo recaudador.

Así lo señalaron los funcionarios judiciales a este medio durante la entrevista en el despacho de Fiscalía. Aclararon que, de estos 45 casos analizados, la mayoría de los evasores fueron imputados -personas físicas o jurídicas- porque superaron el $1.5 millón de evasión. En tanto, los que evadieron por menos de ese dinero, tendrán una sanción administrativa.

Durante la instrucción, pidieron la intervención al teléfono del contador Coronel Medina, que deparó una sorpresa a los investigadores. Sin temor alguno, el profesional de los números, tenía guardadas cada una de las conversaciones con las empresas a las que prestaba servicios, como también a empleados infieles de la Afip que colaboraban con él.

Es así que descubrieron que Coronel Medina también ofrecía a grandes empresas, disminuirles las deudas con AFIP o hacerlas desaparecer. Pero para eso tenían que pagar el 15% del monto que se rebajaba o se borraba del sistema. Incluso, se acordaba con estos grandes evasores, el día que tenían que pagar las coimas, ya que la banda armaba su propio plan de pago.

Para tener una dimensión del perjuicio al Estado, un solo deudor, una empresa constructora de las más importantes de la región, le debía al fisco unos 800 millones de pesos por unos 17 juicios (15 con pedidos de embargo). Coronel Medina lo contactó al propietario, y acordaron que pagando el 15% le iban a reducir la deuda.

El contador se contactó con los empleados de la Afip que trabajaban con él, y acordó realizar este “perdón” ilegal a esta constructora. Pero, además, como una suerte de bono o parte del servicio de esta banda delictiva, este empresario también recibía un certificado fiscal del organismo recaudador. Esto le permitía participar de licitaciones públicas, o en contrataciones en sector privado donde se solicitaba esta conducta fiscal.

Empleados imputados

El Dr. Simón señaló que Coronel Medina “tenía un respaldo en la Afip que son los tres empleados que están imputados: Patricia Godoy, Manuel Azar y Luis Fincatti (ahora jubilado)”.

“Patricia Godoy estaba afectada al área de Recaudación, mientras que Manuel Azar y Luis Fincatti al área de Jurídicas. Ellos dos se encargaban del descargo de las boletas de deudas en sede judicial (bajarlas del sistema) o levantamiento de cautelares como los embargos, como si fuese que estuvieran pagadas”, explicó Basbús Turk.

Intimación a la AFIP

Son varios los casos detectados, pero para poder profundizar las investigaciones y determinar quiénes fueron los agentes que intervinieron para otorgar estos perdones fiscales, ya sea eliminándolos del sistema o reduciendo los montos adeudados, la Fiscalía solicitó en reiteradas oportunidades, informes a la Afip local.

Simón expuso que la delegación local viene demorando la respuesta a los pedidos de informe, o bien, lo hacen de manera incompleta. Dijo que por ello se intimó (a través del juez Argibay) a la jefa de la sección Penal Tributaria de la Afip Regional con sede en Tucumán, Dra. Silva del Carmen Martínez, a que responda esos pedidos de informe. Ese plazo se venció ayer y que se contestó a la Justicia.  En Fiscalía esperaban ayer que le giren la respuesta de la Afip, para saber si iban a colaborar con la investigación.

Incluso el fiscal Simón recordó que esta semana el juez Argibay le otorgó el rol de querellantes a la Afip sección Penal Tributaria, por lo que entendía que a partir de ahora, sería otra la actitud de quienes están al frente de la delegación local, dando mayores datos sobre agentes internos del órgano recaudador y de los evasores y montos evadidos, que ayuden aporten al esclarecimiento de este megafraude, el más importante en monto de dinero que investiga la Justicia Federal local.

Simón añadió que tanto en la creación de empresas fantasmas para emitir facturas truchas como la condonación de deudas o reducción de las mismas de manera ilegal previo pago de jugosas coimas, tienen como elemento común la intervención del contador Coronel Medina, ya sea como el armador de estas empresas de fantasía o como la persona que contactaba a grandes contribuyentes que tenían deudas millonarias con la Afip, para ofrecerles un perdón fiscal a cambio de dinero.