En las últimas horas, se ha dado a conocer que la Justicia Federal llevará a cabo pericias en alrededor de veinte teléfonos celulares y nuevos allanamientos como parte de una investigación que implica a diez gendarmes y cinco civiles sospechosos de enriquecerse ilegalmente con productos de contrabando.

Este proceso está siendo llevado a cabo de manera incansable por el juez Federal Guillermo Molinari y la fiscal Indiana Garzón, con todos los detenidos distribuidos en diferentes instalaciones de Gendarmería y comisarías.

Entre los gendarmes involucrados, las interrogaciones comenzarán con Roberto Ricalde, Héctor Buera y Fabián Solís, que ejercían sus funciones en Pinto y Aguirre, y están siendo representados por la abogada Romina Eguizabal. Es importante mencionar que la casa de Ricalde fue allanada el viernes pasado, donde se incautó una gran cantidad de mercancía y electrodomésticos.

Además, se ha revelado que la Justicia ha entregado los teléfonos celulares a expertos que extraerán el contenido de semanas de conversaciones interceptadas entre los acusados, todas autorizadas por el Juzgado Federal antes de que el escándalo saliera a la luz.

Los portavoces han informado que aún no se ha determinado la magnitud de lo obtenido de manera ilegal, pero una fuente confiable reveló que se han incautado 3,500 dólares, 2,000 reales, guaraníes, pesos argentinos, una decena de automóviles costosos, vehículos 4x4, motocicletas, equipos electrónicos y electrodomésticos en grandes cantidades.

Dada la gravedad de la situación, los abogados están aconsejando que nadie haga declaraciones, al menos hasta que se comprenda completamente la seriedad de las acusaciones presentadas por Garzón.

Con los acusados ya identificados, los interrogatorios comenzarán mañana a partir de las 8 de la mañana. El juez planea citar a varios acusados por día, y no se descarta que los procedimientos se lleven a cabo tanto en la mañana como en la tarde.