Casi siete años después de que se iniciara la investigación por una millonaria defraudación al Pami, una decena de empleados de farmacias, farmacéuticos y empresarios comenzarán a ser juzgados hoy por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero.

Las audiencias se desarrollarán en el Juzgado Federal de la provincia y será el Dr. Abelardo Basbús, quien conformará el tribunal unipersonal y que presidirá el juicio.

La investigación nació en el 2016 por una denuncia realizada desde la UFI Pami de Procuraduría de la Nación. En su momento, el juez federal Guillermo Molinari ordenó allanamientos en 16 farmacias en toda la provincia.

Según la investigación del fiscal Pedro Simón, el ilícito se enmarcaría en un negocio con pacientes diabéticos. El Pami tiene una cobertura del 100% del costo de medicamentos para estos pacientes. Por ende, los fármacos eran retirados gratuitamente por los imputados, quienes se enriquecieron vendiéndolos en el mercado negro y con la facturación a la obra social de los jubilados, superior a los $ 20.000.000.

Cuando el escándalo alcanzó ribetes insospechados, partieron oficios y procedimientos también hacia las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. Una de las maniobras delictivas habría sido incluir como beneficiarios a pacientes diabéticos ya fallecidos.

La insulina y otras medicinas eran facturadas por farmacias locales a la obra social con recetas y troqueles apócrifos, pero los medicamentos eran comercializados luego en otras provincias en mercados paralelos.

Un detalle sustancioso de la causa surge de las cifras. Y allí adquirió notoriedad un informe remitido por la firma Farmalink, la cual trabaja con la industria farmacéutica argentina en la administración y auditoría de convenios de prestaciones de medicamentos ambulatorios para agentes del seguro de salud (obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.) en todo el país.

Por ejemplo, reveló un detalle de la liquidación desde la segunda quincena de marzo a la primera quincena de junio de 2016, con un total de facturación de $ 10,6 millones. Ello generaba un promedio de 3,5 millones mensuales, a partir del mes en que comenzó la investigación.

Antes la facturación mensual era de $ 19.200.000. Las cifras fueron documentadas y cotejadas con la liquidación de julio de 2015 a febrero de 2016, con un total de $ 154 millones. En ese período, el Pami Santiago tenía registrado 1.800 afiliados insulinodependientes, contra 2.700 en marzo-julio 2016.

Vale subrayar que el supuesto cabecilla de la célula local fue detenido, luego excarcelado, previo pago de una fianza de $ 3.000.000. Se trata de un comerciante santiagueño que vivió en Córdoba durante los últimos años -por enfermedad de un familiar-, quien está sindicado de ser el "cerebro" de las maniobras fraudulentas.

También cayó con él un empresario cordobés, señalado como un eslabón clave de la larga cadena delictiva, quien también recuperó la libertad mediante una fianza de $3.000.000.