Con el correr de las horas, la investigación por el robo, venta y “coima” con las cientos de motos secuestradas desde la División Seguridad Vial abre nuevas aristas y, al parecer, el escándalo es aún mayor al que se conoce ya que habría varios funcionarios de la fuerza policial involucrados.

La causa, que por estas horas se encuentra bajo secreto de sumario, estaría siendo minuciosamente investigada por la Unidad Fiscal de La Banda, representada por el Dr. Hugo Herrera, quien solicitaría nuevas medidas en las próximas horas.

Según revelaron fuentes cercanas a la investigación, llevada a cabo por la División Robo y Hurto Banda, la causa tiene cientos de testigos directos (que serían las víctimas del accionar de los uniformados) e indirectos: quienes tenían conocimiento de las maniobras.

Durante las averiguaciones se supo que varios de los testimonios recolectados fueron coincidentes en la maniobra utilizada por los cuatro detenidos que hasta el momento tiene la causa: aparentemente, todos tenían un rol definido en la "organización".

Según se supo, durante el viernes, el oficial Pablo Gonzalo Pineda y su colega, la cabo Vanesa Verónica Elías, fueron trasladados en horas de la mañana al Centro Judicial Banda, para ser indagados. Allí, mientras se encontraban acompañados de sus respectivos abogados defensores, los "guardianes del orden" escucharon las imputaciones y las evidencias que hay en su contra, hasta el momento.

Más tarde, por recomendación de sus defensas técnicas, los dos funcionarios policiales decidieron acudir a su derecho constitucional y se negaron a declarar.

Una posición contraria tomó otro de los detenidos, un joven de apellido Orellana, quien sí accedió a responder las preguntas del fiscal y si bien no se conocieron detalles de su declaración se supo que habría contado cuál era su participación en el hecho que se investiga.

El acusado habría expresado que su función era la de "llevar gente" hasta el predio de Seguridad Vial y ser nexo entre tales personas y los policías acusados. Además habría aportados detalles importantes sobre "cómo se movían".

Cabe recordar que, además de Orellana, el oficial Pineda y la cabo Elías, también está detenido un sujeto apodado "Guenguen" Elías, primo de la mujer. Este última también se negó a declarar. La Fiscalía continúa con las averiguaciones, el análisis de cámaras de seguridad y de la documentación secuestrada.

Policías, en la mira
Si bien hasta el momento no se conoció con certeza el número de efectivos de la fuerza policial involucrados, se supo que habría más de media docena de "uniformados" siendo investigados. Actualmente estarían cumpliendo tareas en distintas comisarías de Banda y Capital.

Al parecer, los investigadores se basarían en los dichos de los testigos directos es decir las víctimas quienes habrían aportado nombre y apellido de los uniformados con quienes "trataron", respectivamente, para recuperar sus rodados o adquirir algunos. La Justicia analiza, por estas horas, posibles detenciones y habría funcionarios de diferentes jerarquías.