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10/01/2026

Rodrigo Paz cumplió dos meses de gobierno en medio de protestas y bloqueos en Bolivia

Fuente: telam

Las críticas a dos decretos supremos y el rechazo a un proyecto de exploración petrolera marcaron la agenda de los últimos días

>Bolivia inició el año en un contexto de tensión política y social. A las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) por el decreto que establece medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal, se sumó el rechazo a otra norma que regula el ejercicio del mandato presidencial y a un proyecto de exploración petrolera en un área protegida.

Si bien varios sectores respaldaron la medida, que está acompañada por beneficios sociales como el aumento de algunos bonos y el salario mínimo nacional, otros cuestionaron artículos que consideran inconstitucionales como uno que acelera el trámite para la firma de contratos de inversión en recursos estratégicos como minería, hidrocarburos o litio. Según algunos analistas, este procedimiento omitiría el control legislativo, los estudios de impacto ambiental y la consulta previa a comunidades afectadas por la estrechez de los plazos.

“Que vaya adelante la subvención, paralelamente a la abrogación de este decreto”, afirmó Mario Argollo, dirigente de la COB, durante un encuentro con el Gobierno en el que no se alcanzaron acuerdos.

Si bien algunos ministros manifestaron su disposición para “mejorar” el decreto, descartaron su anulación. “El decreto no es negociable y no es un capricho. El decreto es el resultado de un estudio técnico que hace viable a nuestro país. Para eso ha sido electo el gobierno, para gobernar y para tomar las decisiones, por difíciles que éstas sean”, manifestó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

Esta norma apunta a evitar que el vicepresidente Edmand Lara, con quien se han expuesto El Gobierno defiende la norma bajo argumentos que giran en la modernización del ejercicio del mando presidencial, la seguridad jurídica y la prevención de discrepancias políticas. Sin embargo, otros lo ven como una alteración de los mecanismos constitucionales de sucesión y se han presentado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Mientras crecía la controversia por los decretos, en el sur del país estalló otro conflicto en rechazo a un proyecto de exploración petrolera en un área protegida. El lunes, un contingente policial ingresó a la Reserva de Tariquía, en el departamento de Tarija (sur), para forzar el ingreso de personal y maquinaria de Petrobras, desatando tensión con los comunarios que rechazan la intervención petrolera en el área protegida, porque consideran que pondría en riesgo fuentes hídricas esenciales y el equilibrio ecológico de la zona.

El Gobierno explicó que el pozo que se pretende perforar, denominado Domo Oso X3, está fuera de los márgenes de la reserva y que el proyecto cuenta con licencias correspondientes. Sin embargo, el contrato con la petrolera es por el conjunto del área San Telmo que se superpone a la reserva e incluye más de una decena de pozos. El X3, el pozo descubridor, es el primero que se pretende operar y para el que se otorgó licencia en julio de 2025, durante el gobierno de Luis Arce (2020-2025).

Tras la resistencia de los comunarios, el miércoles se realizó una masiva marcha en Tarija en la que se reclamaron acciones para frenar el proyecto exploratorio que lleva más de diez años interrumpido por tensiones entre el Ejecutivo y pobladores que se oponen a la intervención petrolera en áreas protegidas.

“Si uno hacía una hipótesis de conflictividad posterior a la nivelación del precio de los combustibles, se podía pensar que el país iba a estallar y eso no ha pasado”, explicó Saavedra.

En ese sentido, el analista no cree que los conflictos actuales vayan a afectar la gobernabilidad. “Hay una corriente tan fuerte de hastío con el anterior ciclo político que puede haber muchas cosas discutibles en términos jurídicos y políticos, pero hay una corriente de cambio en el país que va a apoyar estas reformas”, afirmó.

Fuente: telam

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