El millonario desfalco al Estado Nacional a través de la Delegación local de la Afip y una organización que habría sido encabezada por un conocido contador local, podría derivar ahora en una ola de denuncias penales en contra de grandes contribuyentes y empresas que se habrían beneficiado de esas maniobras para evadir impuestos mediante el uso de facturas truchas. El entramado de maniobras ejecutadas por parte de la banda desarticulada por la Justicia Federal local, parece no tener techo. Ahora es inminente una ola de nuevas denuncias e imputaciones contra los infractores que no estén dispuestos a regularizar su situación.

Cabe recordar que en diciembre del 2019, por una denuncia de la entonces jefa interina de la Sección Penal Tributario de la Afip, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía de las Mercedes Trabadelo, se comenzó a investigar la maniobra.

Así se logró establecer que supuestamente el contador Gustavo Coronel Medina había logrado crear un aceitado mecanismo para la creación de empresas fantasmas que emitían facturas apócrifas. Se constituyeron así 14 usinas apoc que emitían facturas truchas, las cuales eran compradas por grandes empresas y contribuyentes locales, a los fines de reducir los grandes montos que debían pagar por IVA o impuesto a las ganancias.

Por esa maniobra fueron procesados y confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones, Coronel Medina, una de sus secretarias (la segunda fue apresada hace una semana), proveedores e incluso empleados y ex empleados de la Afip local. Tras los allanamientos del viernes y sábado en las oficinas de la Afip, ayer llegaron los primeros informes a la Fiscalía Federal del Dr. Pedro Simón, para comenzar a ser analizadas por su equipo de investigadores. De los resultados podrían surgir denuncias y nuevas imputaciones a contribuyentes.

INVESTIGACIÓN

Quiénes incurrieron en delito y las medidas tomadas

La Fiscalía Federal habría solicitado a la Afip local el listado de contribuyentes que se habrían valido de las facturas apócrifas que la organización investigada emitió en el período del 2016 al 2019, y que se libren intimaciones para que los mismos regularicen su deuda.

Cabe señalar que hay que evaluar caso por caso, pues la ley establece un monto y sería de $1.500.000- de evasión, para que la misma se considere un delito penal, ya que de no alcanzar esa cifra, sólo implicaría multas.

En consecuencia, las empresas que hayan evadido por encima del piso establecido para que se configure un delito y que no hayan dado respuesta a la intimación, serían denunciadas penalmente y posiblemente se libren imputaciones formales a sus responsables. Las fuentes consultadas dieron cuenta que éste es el paso que resta en este segmento de la investigación y que es una forma de delimitar el proceso y los acusados. Las mismas fuentes adelantaron que en los próximos días podrían surgir novedades con las denuncias.