A días de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional dispuso la ampliación temporal de las Reglas de Protección Aeroespacial, un protocolo que habilita el uso de la fuerza como último recurso contra aeronaves de origen externo declaradas hostiles.

Por medio de la publicación del Decreto N° 1334/2026 en el Boletín Oficial, se confirmaron nuevas restricciones al tránsito aéreo y una coordinación reforzada entre autoridades civiles y militares. El objetivo declarado es proteger los actos papales que tendrán lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

De esta manera, la norma amplía las reglas aprobadas en 2016 para las Zonas de Operaciones Restringidas TMA Baires y TMA CBA. Se trata de los espacios que comprenden sectores de alta circulación aérea alrededor de los aeropuertos y las ciudades de Buenos Aires y Córdoba.

Como punto central de las modificaciones, las autoridades habilitaron "el uso de la fuerza por parte de los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores de origen externo declarados 'hostiles'".

En este sentido, el uso de la fuerza implicará "el empleo del poder de fuego disponible por parte de la aeronave interceptora contra la estructura del vector incursor, con el objeto de anular su capacidad de vuelo impidiendo la continuidad de su trayectoria". Asimismo, deberá contemplarse un plan para minimizar el riesgo de daños a la vida y/o bienes en la superficie.

Para que eso ocurra, el decreto exige la comprobación de un "acto hostil". La definición abarca desde un ataque armado, el uso o la amenaza inminente de usar una aeronave como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.

Entre los indicios que pueden ser evaluados como hostiles figuran la presencia de armamento o la persistencia, pese a las advertencias, de una trayectoria, una altura o una velocidad compatibles con un ataque contra un blanco determinado.

No obstante, la declaración de hostilidad corresponderá al comandante conjunto aeroespacial, una vez confirmada la situación. Pero la aplicación de la regla que habilita el empleo de armas deberá contar con la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti, una atribución que el presidente Javier Milei delegó para este operativo y que no podrá ser transferida a otra autoridad.

También deberán intervenir medios militares que estén bajo el comando o control operacional de la autoridad de ejecución, que tendrán el objetivo de evitar la afectación de un interés vital o de un objetivo de valor estratégico.

Por otro lado, el decreto diferencia de manera expresa el tratamiento de las aeronaves civiles. Ante el incumplimiento de una instrucción, la respuesta prevista es la interceptación y la orden de aterrizaje en el lugar que se indique.

En línea con esto, establecieron que el Comando Conjunto Aeroespacial dirigirá la respuesta operativa y deberá coordinar con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones que se apliquen a los vuelos. La ANAC, a su vez, deberá adoptar las medidas necesarias y aportar el apoyo requerido por el mando militar.

La norma no establece una prohibición general de vuelos, pero sí habilita a las autoridades a graduar las limitaciones según el escenario y a desviar aeronaves civiles fuera de un área afectada si fuera necesario para preservar la seguridad operacional.

En este sentido, remarcaron que "cada evento irregular configurará una degradación de la situación aeroespacial en la zona afectada, a los efectos de la aplicación de las Reglas de Protección Aeroespacial".

Así, en caso de detectarse una irregularidad en una de las zonas restringidas, el Comando Conjunto Aeroespacial podrá asumir distintos niveles de conducción sobre el área y sobre los servicios de navegación aérea de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El primer nivel será el control por coordinación. En ese escenario, el mando militar informará al supervisor del servicio de navegación aérea para que adopte medidas y, cuando sea posible, desvíe vuelos civiles de la zona involucrada.

En un segundo nivel, denominado control total bajo subordinación directa, los controladores continuarán con sus tareas habituales, aunque deberán aplicar las restricciones que ordene el Comando Conjunto.

El nivel más amplio es el control total integral, el cual permite despejar el área de aeronaves civiles para que operen exclusivamente medios militares y deja toda autorización de vuelo bajo control militar, según lo dispuesto previamente. La decisión sobre qué nivel aplicar quedará en manos del comandante conjunto aeroespacial y dependerá de cada situación.

Por último, las autoridades informaron que el gasto del operativo será cubierto con partidas asignadas al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.