Personal de la Policía de Investigaciones de San Cristóbal, de la provincia de Santa Fe, con la colaboración de la División Investigaciones de la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba, recuperó 135 cabezas de ganado vacuno que habían sido adquiridas mediante cheques sin fondo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el operativo se concretó en las últimas horas luego de un allanamiento en una zona rural de la localidad de Sinsacate, en el departamento cordobés de Totoral, en el marco de una investigación por una presunta estafa, que incluía el presunto pago de los animales con los cheques fraudulentos.

Una vez en el lugar, el personal policial procedió al secuestro de la totalidad de los animales, valuados en aproximadamente 165 millones de pesos.

Por el momento, no se informó acerca de ningún detenido, aunque aclararon que las tareas investigativas continúan para individualizar a los responsables de la maniobra, de acuerdo con lo informado por las fuentes.

En septiembre, un empresario agropecuario de Venado Tuerto, identificado con las iniciales R.A.B., quedó detenido tras nueve allanamientos simultáneos por una presunta maniobra de estafa en operaciones de compraventa de ganado.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe confirmó que el operativo se ejecutó en domicilios particulares, oficinas y sedes de las sociedades vinculadas al acusado.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la primera situación tuvo lugar en marzo del año pasado con la presunta compra a productores rurales de 360 cabezas de ganado por un valor que superó los 271 millones de pesos. Los animales fueron entregados, pero los cheques emitidos como pago resultaron rechazados por falta de fondos. Ante los reclamos, el acusado emitió al menos 37 documentos de pago pero la deuda nunca se saldó.

La maniobra tuvo un segundo episodio cinco meses después. En agosto de 2025 ejecutó una nueva operación por 200 cabezas de ganado. En aquel entonces, la víctima entregó cheques por otros 100 millones de pesos pero el ganado comprometido nunca fue entregado a la compradora.

Tras más de un año de investigación, ordenaron llevar a cabo nueve allanamientos de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad a partir de los cuales pudieron secuestrar documentación comercial y societaria, dispositivos electrónicos, contratos y títulos valores considerados relevantes para la causa, según detalló El Litoral.

Las medidas alcanzaron tanto domicilios particulares como oficinas y espacios vinculados con las sociedades bajo investigación, con el propósito de preservar pruebas y evitar su pérdida, alteración u ocultamiento.

En el procedimiento participaron integrantes de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA, personal del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC) y efectivos de la Policía de Investigaciones de la División Delitos Económicos de la provincia de Santa Fe.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Barucca. Durante varios meses, la funcionaria analizó documentos bancarios, societarios y comerciales, lo que le permitió reconstruir los movimientos vinculados con las operaciones ganaderas y los circuitos financieros asociados, a partir del cruce de información aportada por entidades bancarias, organismos públicos y registros comerciales.

Para la Fiscalía, las operaciones investigadas se habrían concretado a partir de la estructura empresarial y la apariencia de solvencia de la firma agropecuaria vinculada al acusado, un factor que habría generado confianza en los productores para avanzar con las distintas transacciones.

Entre la prueba reunida figuran registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y en una sola de las cuentas examinadas se detectaron 172 cheques rechazados, de los cuales 159 fueron emitidos entre enero y agosto de 2025 por un monto que superó los 982 millones de pesos.