La Fiscalía de Bolivia solicitó este viernes seis meses de prisión preventiva para el ex procurador general Roger Mariaca y otros tres detenidos, acusados de integrar una presunta red dedicada al tráfico de drogas y la organización criminal.

El Ministerio Público imputó formalmente a Mariaca, a Alberto Zeballos, Martín Irusta y al agente de Policía Rubén Aparicio por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. La petición fiscal planteó que los acusados permanezcan bajo custodia mientras avanzan las investigaciones, en los centros penitenciarios de San Pedro y Patacamaya.

El viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó sobre la solicitud de prisión preventiva durante una sesión de la Asamblea Legislativa. El anuncio se dio en medio de una crisis institucional en el Ministerio Público, luego de la captura de Mariaca, quien ocupaba el cargo de fiscal general desde 2024 y contaba con un mandato de seis años.

La aprehensión del fiscal general abrió una disputa sobre quién debía asumir la conducción de la Fiscalía. Durante la mañana posterior a la detención, el fiscal superior Luis Montaño se presentó ante medios locales como titular interino de la institución y sostuvo que le correspondía ejercer esa función por ser el fiscal de mayor antigüedad.

El Ministerio Público reconoció inicialmente su titularidad mediante un comunicado. Sin embargo, el Gobierno cuestionó esa decisión y rechazó que Montaño pudiera ocupar el cargo de forma provisional en esas circunstancias.

El vocero presidencial José Luis Gálvez pidió en un primer momento esperar una definición de las autoridades competentes. Sin embargo, horas después, fijó una posición más contundente y denunció que Montaño se atribuyó funciones que no le correspondían.

"Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales que, de manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones autodeclarándose como fiscal general", declaró Gálvez en una conferencia de prensa. El portavoz aseguró que Montaño intentó destituir fiscales y cerrar el sistema institucional para impedir la recepción de denuncias.

Gálvez también llamó a la población a expresar su rechazo contra las autoridades que, según afirmó, buscaron asumir competencias sin respaldo legal. "Esta persona está siendo buscada y será detenida porque también tendrá que rendir cuentas ante la Justicia", manifestó.

La legislación boliviana prevé que, ante una ausencia temporal del fiscal general, el funcionario de mayor antigüedad pueda asumir de forma transitoria. No obstante, especialistas en derecho constitucional señalaron que la detención de Mariaca constituyó una situación excepcional y consideraron que la Asamblea Legislativa debía intervenir para definir la sucesión.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, endureció las acusaciones del Ejecutivo contra Mariaca. "Esto es blanco y negro, aquí ya no hay gris", afirmó. El Gobierno sostuvo que el fiscal general encabezó una "organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país".

Desde la oposición, la senadora Tomasa Yarhui reclamó una definición institucional inmediata si se confirmaba un vacío de poder en la Fiscalía. La legisladora afirmó que la Asamblea debía elegir cuanto antes a un nuevo titular para "devolverle la credibilidad" al Ministerio Público y evitar que quedara sometido "a ningún gobierno".

La crisis también derivó en movimientos dentro de la Fiscalía de La Paz. Luis Carlos Torrez, fiscal departamental de esa jurisdicción, presentó su renuncia después de que la Policía registró oficinas de la institución. Los agentes mantuvieron acordado el edificio mientras continuaron las actuaciones vinculadas a la causa.

(Con información de Europa Press)